Un fallo por asesinato reabrió el debate sobre los posibles tentáculos del fujimorismo

La reciente absolución por “falta de pruebas” de los procesados por el asesinato del líder sindical Pedro Huilca, entre ellos el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, reabrió en Perú el debate sobre la impunidad de varios crímenes atribuidos a agentes del Estado en la década de 1990.

“Hay un largo camino para lograr justicia, pero no vamos a dejar de exigirla”, reaccionó una hija de Huilca, la exparlamentaria Indira Huilca, después de que el jueves se dictara el fallo en que dos de los tres jueces consideraron que no hay claridad en los hechos que supuestamente vinculan al grupo militar Colina con el asesinato.

“La sentencia nos deja la sensación de impunidad y la duda de cuánta influencia tiene el fujimorismo en el sistema de justicia”, añadió Indira Huilca, para quien los argumentos de los jueces Miluska Cano y Otto Verapinto son “bastante sesgados e insuficientes”.

El fallo favoreció, además, a los exjefes de inteligencia Julio Salazar y Juan Rivero, generales del Ejército, y a los oficiales o suboficiales Santiago Martin Rivas, Federico Navarro, Julio Chuqui y Nelson Carbajal, todos integrantes de Colina y quienes pagan o pagaron penas de cárcel por otros casos.

El tercer juez de la Cuarta Sala Penal Superior, Percy Ruiz, se apartó del criterio de Cano y Verapinto: “(Huilca) fue ejecutado por el destacamento de inteligencia Grupo Colina, que sí estaba operando en diciembre de 1992 y (está demostrado) que el móvil del homicidio fue ser opositor al régimen”, escribió en una resolución en minoría.

Huilca, de 43 años, secretario general de la Central General de Trabajadores del Perú y por tanto el principal líder sindical del país, fue asesinado el 18 de diciembre de 1992 por entre ocho y 10 hombres que lo acribillaron a balazos cuando salía de su casa para dirigirse a su oficina.

En un principio, la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (Dincote) atribuyó el homicidio a Sendero Luminoso, grupo armado maoísta que según la Comisión de la Verdad asesinó a cerca de 40.000 personas y que había lanzado reiteradas amenazas a Huilca y a otros varios líderes de izquierda que se oponían a sus posturas extremistas.

“Esa mañana, cuando lo mataron, ya tenían todo preparado; a las 10 de la mañana (dos horas después del atentado), el señor (entonces presidente, Alberto) Fujimori ya estaba cantando: ‘Hemos capturado a los asesinos’ y dijeron que los culpables eran de Sendero; por supuesto era falso”, rememoró para el semanario Hildebrandt en sus Trece la viuda de Huilca, Martha Flores.

La Dincote, organismo especializado de la Policía, identificó como responsables a siete senderistas que en 1993 fueron sentenciados a cárcel por un juez sin rostro (que guardaba el anonimato por seguridad). El caso parecía cerrado y la opinión pública asumió esa versión ante las evidencias de que Sendero asesinaba líderes populares.

Cuatro años después, sin embargo, Flores denunció a Colina a partir de testimonios de dos exintegrantes del Servicio de Inteligencia Nacional que afirmaron que el crimen fue obra del grupo militar que cometió numerosos crímenes en la época, incluidas las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, en las que murieron 25 personas y por las que aún está preso Fujimori.

Así, después de varias marchas y contramarchas comenzó el proceso que terminó esta semana en primera instancia y que incluyó a Montesinos, preso desde 2001, pero no a Fujimori, pues para sumarlo se hubiera necesitado permiso de Chile, país que lo entregó en extradición en 2007.

El grupo Colina, llamado así en homenaje al oficial de inteligencia Julio Colina, asesinado por Sendero -aunque de paso era también una sigla para “comando de liberación nacional”-, operó en el gobierno de Fujimori, bajo el liderazgo intelectual de Montesinos y la jefatura operativa de Martin Rivas, con aval del mandatario, según se demostró en diversos juicios.

Los casos más sonados del Colina fueron el asesinato de 25 personas que participaban en una fiesta en el céntrico sector limeño Barrios Altos, y el secuestro y el asesinato de un profesor y nueve alumnos de la universidad estatal La Cantuta, por los que se sentenció a Fujimori a 25 años de cárcel como autor mediato.

Según Cano y Verapinto, la organización dejó de operar a mediados de 1992, por lo que no pudo asesinar a Huilca. No obstante, hay otros procesos en los que se demostró la presencia posterior del grupo, como el asesinato en 1997 de la agente de inteligencia Mariela Barreto, a la que se acusó de delación.

Además, los dos jueces no hallaron suficientemente sólida la argumentación sobre los motivos que podría haber tenido el grupo Colina para cometer el asesinato, pese a que era público que Huilca era uno de los mayores críticos de la administración Fujimori.

“Era un líder sindical importante, era uno de los pocos líderes con legitimidad que denunciaron abiertamente la dictadura cuando los políticos de entonces estaban desprestigiados, tenía la fuerza para liderar a la oposición”, afirmó Indira Huilca, que tenía cuatro años al quedar huérfana y hoy es una de los principales referentes de la izquierda peruana.

El fallo fue celebrado como triunfo por sectores de derecha, para los que quedó demostrado que el asesinato fue obra de Sendero, aunque el veredicto no apunta en esa vía. Incluso el exministro del Interior y actual congresista Fernando Rospigliosi pidió que se le retire a la familia Huilca una indemnización económica que se le entregó.

Desde otros sectores, en cambio, se habló de la vigencia de los tentáculos del fujimorismo en la justicia y se retomaron banderas para aclarar otros hechos en los que podría estar involucrado el Colina y que permanecen impunes.

Interrogada por la prensa sobre sí aún espera justicia para su padre, Indira Huica respondió: “Creo que sí; no será fácil, pero creo que hay una puerta abierta en el voto del magistrado Ruiz”. Lo que se espera entonces es una apelación.